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Vitivinicultura: no se puede volver al pasado

Ante la posibilidad de que se produzca una próxima cosecha “normal”, han surgido voces que reclaman que el Gobierno salga nuevamente a regular los precios a través de la compra de vinos. La propia industria está capacitada para establecer medidas coyunturales que modifiquen la situación.

La alta probabilidad de que -salvo contingencias climáticas como una helada tardía- la próxima cosecha sea “normal” en cuanto a cantidad de quintales, motivó que vuelvan a aparecer los pedidos de una intervención del Estado para sostener el precio del vino; algo que no se había dado en los dos años anteriores, porque la cosecha fue menor a las habituales, lo que provocó que el propio mercado mejorara los valores.

Para comprender lo que está sucediendo en la industria cabe hacer un repaso por el pasado. En la década del 60-70, con un consumo per cápita de 90 litros por habitante y con promociones industriales que lo permitían, hubo una implantación impresionante de viñedos de menor calidad enológica.

La situación derivó, también, en el hecho de que hubiera años en los que la superproducción generaba inconvenientes y se recurría a decisiones por demás controvertidas, como los bloqueos, los prorrateos o las cupificaciones las que, al ser generales para toda la industria, comprendían también a los vinos de calidad. Así entonces, bodegas que habían elaborado excelentes malbec debían aceptar que sus vinos también fueran bloqueados o cupificados.

Años en los que también la provincia contaba con una bodega estatal, Giol, que era utilizada para adquirir volúmenes y conservarlos hasta que el vino volviera a tener un precio “rentable”. Paralelamente, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura contaba con un Consejo integrado por representantes de entidades que era el que establecía el grado alcohólico o las fechas de liberación, se imponían los criterios que más convenían a los que tenían mayor peso en las decisiones.

Esas medidas coyunturales daban poco y nada resultado. Sólo cabría recordar cuando Giol debió recurrir a la compra de la cuestionada vasija para resguardar una cosecha superior, que resultó en un escándalo tanto por el precio de compra como por el material utilizado. Esas vasijas sirven ahora de archivo para el Poder Judicial.

En la segunda parte de la década del 80 hubo un cambio fundamental en la principal industria mendocina. Por decisión del entonces gobernador José Octavio Bordón, la bodega estatal fue entregada a las cooperativas mientras la actividad privada -con un mercado en decadencia como consecuencia del ingreso de bebidas sustitutas- se abrió al mundo, comenzó a participar de concursos y ferias internacionales y, con la experiencia registrada, concretó la reconversión de viñedos y la incorporación de tecnología en bodegas para elaborar caldos de calidad que respondieran a las exigencias de los consumidores.

Paralelamente se estableció un plan estratégico a 20 años, que ha sido tomado como ejemplo por otras actividades y que cumplió sus objetivos antes de que se llegara a la mitad del plazo estipulado.

Fue así entonces que gran parte de la vitivinicultura comenzó a caminar sola, sin intervención del Estado, a excepción de las medidas exclusivamente técnicas que debe dictar el INV. Pero hay un sector de la industria que parece no haberse adaptado o comprendido los cambios. Es el que reclama medidas “coyunturales” a fin de que el Estado vuelva a comprar vinos para sostener los precios.

No se trata de dejar a la buena de Dios a los pequeños productores que no tienen espalda suficiente como para adaptarse a los cambios. Sin embargo, la propia industria está capacitada para establecer las decisiones estructurales más convenientes porque los políticos muchas veces se rinden ante las decisiones de quienes priorizan la presión por sobre el diálogo. La vitivinicultura argentina ha tomado un camino que le ha dado muy buenos resultados en los últimos años y no puede ni debe volver al pasado.

Fuente: los Andes


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