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Responsabilidad ante la plaga de la vid

La aparición de la plaga de la vid en los oasis centro y sur de la provincia, a pesar de las medidas que adoptó el Senasa en su oportunidad, no hace más que ratificar que, en este caso, hubo responsabilidad de los propios actores de la industria.

La denominada “plaga de la vid”, cuya denominación científica es lobesia botrana, era hasta no hace mucho una enfermedad desconocida para los productores mendocinos. Se tenía conocimiento de que se trataba de un problema que afectaba a viñedos europeos y que si bien no ocasiona problema a la calidad de los vinos, sí tiene incidencia sobre las producciones.

En lo que hace a su propagación, se supo que se produce a través de las maquinarias o rodados que se utilizan para el transporte de uva, orujo o materiales que se utilizan tanto para la cosecha como para las tareas culturales, como la poda.

Pese a las advertencias que desde Europa se realizaron, la polilla llegó a Chile, transportada por máquinas cosechadoras -muy utilizadas en el vecino país- y fue detectada en un principio en la región Metropolitana, Maule y Bernardo O’Higgins, donde se verificaron más de 300 detecciones.

Cuando fue descubierta en viñedos de Los Andes, por su proximidad a Mendoza, las autoridades chilenas dieron el alerta de emergencia para que la Argentina tomara las medidas precautorias.

Sin embargo, hubo fallas -inadmisibles- y ahora Mendoza se encuentra seriamente afectada por la plaga. Porque, al igual que en Chile, la lobesia botrana ingresó también a través de máquinas cosechadoras -traídas para la vendimia local- lo que determina que no existieron los controles necesarios por parte de las autoridades sanitarias ni tampoco por quienes trasladaron esos elementos a la provincia.

Con el problema en casa las acciones, si bien fueron inmediatas, no generaron los resultados esperados porque en un primer momento se conformó un cordón sanitario que abarcó a 2.500 hectáreas de Maipú y Luján, donde se reguló el tránsito y movimiento de la vid, desde y a través del área controlada para la fruta y material de propagación; se reglamentó el tránsito de maquinaria utilizada en la cosecha y molienda de la uva y se estableció que los camiones y recipientes para la cosecha y acarreo de frutas debían circular limpios, sin restos de vegetales ni de tierra.

En los casos de las bodegas, debían descargar y destruir en forma inmediata la fruta remanente de la cosecha y de la poda, dentro del propio establecimiento. Sólo podía haber traslados, dentro del ámbito de la provincia, de mostos o vino, pero de ninguna manera uva.

Pero nuevamente algo falló, porque ahora el Senasa detectó la presencia de la polilla en los oasis centro y sur, por lo que ahora el área de restricción ha sido ampliada a toda la provincia para evitar su propagación hacia otras zonas vitivinícolas, con una acción más profunda en el oasis centro (Luján y Maipú), donde los efectos son más importantes.

Si bien es cierto que el problema más grave se centró en la carencia de control para el ingreso de la plaga desde Chile -de haber trabajado con la profundidad que corresponde la polilla no hubiera llegado a Mendoza- no es menos real que gran parte de la culpa en la transmisión en el interior de la provincia debe recaer entre los propios actores de la industria, que no cumplieron con las normas que desde el Senasa se dieron a conocer.

De haberlo hecho, no estaríamos ahora sufriendo las consecuencias del ampliado de la transmisión ni poniendo en peligro a otras provincias vitivinícolas, como está sucediendo.

Fuente: Los Andes


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